El laboratorio multinacional Pfizer ha sido acusado de practicar “una conducta delictiva” y de financiar “un oscuro sistema de coimas y sobornos a los médicos en el marco de la cadena de comercialización de los medicamentos”, según dictaminó el Juzgado Nacional de lo Criminal de Instrucción Número 27 de Buenos Aires (Argentina), durante un juicio contra dos de sus ex jefes de zona del departamento comercial. En el ejemplar fallo que se convierte en un caso testigo por la revelancia de las pruebas, Pfizer quedó envuelto en un escándalo de imprevisibles consecuencias para la multinacional, ya que el juez de Instrucción Alberto Baños y la secretaria del juzgado María Noé Rodríguez recomendaron enviar los antecedentes al Juzgado Nacional en lo Penal Económico Número 8 para que determine la gravedad de las conductas delictivas y las eventuales condenas penales.
El juicio fue iniciado por Pfizer contra los jefes de zona Jorge Capalbo y Oscar Víctor Patrone por conducta “fraudulenta” porque desviaron 24.423 pesos (el euro cotiza a 5,65 pesos por unidad, por lo tanto serían 4.323 euros -una cifra insignificante, por cierto-) destinados al pago de los sobornos, mediante la presentación de facturas apócrifas. Pfizer acudió a la justicia tras fracasar en su intento de que los empleados del laboratorio presentaran “voluntariamente” la renuncia. Pero la demanda de Pfizer se convirtió en un tiro en el pié porque durante el juicio se comprobó que los citados eran apenas parte de un mecanismo tipificado como “conducta delictiva” y en la sentencia judicial –sin excluir del delito a Capalbo y Patrone- se responsabiliza a la empresa deforzar a sus empleados a pagar coimas y distribuir costosos regalos entre los médicos para que receten sus productos.
El citado sistema de coimas se disimulaba “a través de documentación apócrifa” aportada por los acusados pero de la que “las autoridades no podían estar ajenas, siendo aquéllos (Capalbo y Patrone) sólo un engranaje de dicho entramado”. Capalbo y Patrone “colaboraron y/o participaron de algún modo en la confección de los balances falsos de la empresa, que no reflejan obviamente la situación económica real del laboratorio”, falsedad que ha merecido que “se investigue una hipótesis delictual” en la que quedaron salpicados los médicos que recibieron las coimas, las autoridades del laboratorio, una empresa de viajes que funcionaba como “taparrabos” para disimular la ruta de los sobornos y también los visitadores médicos, señaló la sentencia.
Durante el juicio iniciado en 2006 y con sentencia de febrero de este año conocida recientemente, fueron citados a declarar siete médicos y pese a que algunos se mostraron “desmemoriados”, finalmente debieron rendirse a la evidencia y admitir que habían recibido de Pfizer –a través de Capalbo y Patrone- regalos, pago de honorarios por congresos inexistentes o pasajes de avión que en muchos casos jamás utilizaron y que convirtieron en dinero.
La investigación judicial acreditó que el médico Nicolás Luisic recibió una computadora con monitor de plasma, Juan José Bracco fue favorecido con una cámara digital y Emilio Santangelo con un monitor de plasma, pero de las pericias contables ordenadas por el juzgado surgió que “no hay comprobante alguno en la contabilidad de Pfizer” de estos obsequios.
¿Cómo procedían? El laboratorio identificaba a los denominados ‘médicos-negocios’, es decir, aquellos con mayor potencial prescriptor y enviaba a un agente de propaganda médica a captar su voluntad mediante el ofrecimiento de diversos beneficios económicos como puede ser la entrega de un determinado electrodoméstico o un cheque o dinero en efectivo, de tal manera se asegura que aquél recete sus productos. Así lo narra la sentencia sobre Pfizer, aunque es un comentario que podría ser reproducido como mecanismo habitual de la industria que yo he tenido la oportunidad de comprobar y documentar en mi libro Laboratorio de médicos. Exactamente lo mismo que ocurre en Argentina ocurre de manera cotidiana en España con numerosos laboratorios sin que las autoridades judiciales españoles actúen.
Los ex jefes de zona declararon ante la justicia que tenían justificado gastos de hasta 3.000 pesos por mes (540 euros, de nuevo qué ridículo, ríete tú de que lo que disponen aquí muchos visitadores) para sus “atenciones” con los médicos, a los que podían obsequiarle desde libros de medicinas a delicias gastronómicas.
En la sentencia se subraya que no es de su competencia “el análisis del proceder de los médicos, desde el punto de vista moral, pero permítaseme señalar que no cabe duda que ello conspira contra la dignidad de la profesión, constituyendo una clara falta ética”.
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