México se ha convertido en un paraíso para los saqueadores: objetos arqueológicos e históricos son robados, traficados ilícitamente, dañados y destruidos año con año. Pese a que los incidentes denunciados involucran al menos 4 mil 235 piezas muebles y 106 inmuebles dañados, durante los gobiernos panistas la PGR ha iniciado únicamente 181 averiguaciones previas, apenas la cuarta parte de las que asegura el INAH que fueron abiertas durante el mismo periodo en la Procuraduría. En 12 años, ningún detenido a pesar de que hasta en internet se ofertan las piezas saqueadas
El primer sitio en América Latina por robo de arte sacro lo ocupa México, al que además se le ubica a nivel mundial como uno de los que más sufre robo y venta ilegal de objetos con valor arqueológico, artístico e histórico. Tanto que se le compara con países en conflictos armados, como Irak, Afganistán y Colombia, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su acrónimo en inglés) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por su acrónimo en inglés).
Las figuras, objetos o documentos que los traficantes obtienen de los sitios arqueológicos mexicanos y de las iglesias y museos se ofertan por internet. Mercado Libre, Binoche Renaud Giquello, eBay y Sotheby’s son algunas de las casas de subastas que ofrecen bienes culturales en sus catálogos, sin que quede claro el origen legal de las piezas, pues en México todas se consideran patrimonio de la nación.
Además del tráfico ilegal de bienes culturales, el patrimonio es afectado por demoliciones; maquinaria pesada; proyectos carreteros, habitacionales y petroleros; daño a petrograbados; pintas, trabajos sin autorización o trabajos fallidos de restauración; incendios e inundaciones, revela la información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publicada por Contralínea (edición 283 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/05/06/destruccion-robo-del-patrimonio-arqueologico-nacional/).
Pese al elevado número de incidentes (de los cuales al menos 722 –que involucran 4 mil 235 piezas muebles y 106 inmuebles dañadas– han sido formalmente denunciados), la Procuraduría General de la República (PGR) inició únicamente 181 averiguaciones previas por violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, durante casi 12 años de gestiones panistas.
De acuerdo con el órgano judicial, de las 181 investigaciones, 96 se iniciaron por denuncias del INAH y una por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), mientras que 84 se derivaron de denuncias hechas por particulares.
Sin especificar el delito, la PGR refiere que del total de denuncias iniciadas por el Instituto de Antropología, nueve están relacionadas con arte sacro, dos con documentos históricos, tres con inmuebles históricos, 10 con monumentos, seis con zonas arqueológicas, cuatro “desconocidas” y 63 con piezas arqueológicas.
No obstante, la cifra representa apenas el 37 por ciento de las 481 indagatorias que el Instituto Nacional de Antropología e Historia asegura que se abrieron durante el mismo periodo en la Procuraduría por violaciones a la ley.
Información obtenida por Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental demuestra que las más de 400 averiguaciones que el INAH afirma que se iniciaron involucran 4 mil 235 piezas muebles y 106 inmuebles dañados.
Para Blanca Paredes, de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas de ese Instituto, la diferencia numérica del 220 por ciento entre el número de averiguaciones previas que el INAH asegura están abiertas en la Procuraduría y las que refiere la PGR persigue, es resultado de la falta de comunicación entre las dos instituciones “corresponsables” y de la falta de control.
Sin detenidos
Aunque la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo manifestó que 57 personas fueron “sancionadas” por robo o daño de piezas históricas de 2002 a 2011, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales asegura en su respuesta para este semanario que en 12 años –periodo en el que han gobernado los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón– ninguna persona ha sido consignada o sancionada.
México, asolado por los saqueadores
Hasta 2011, el INAH tenía registro de 43 mil 855 sitios arqueológicos en el territorio nacional. Chichen Itzá, Monte Albán, El Tajín, Teotihuacán forman parte de las 181 zonas que permanecen abiertas al público y que representan menos del 1 por ciento del patrimonio.
Más de 40 mil sitios son apenas una pequeña parte de la cantidad de zonas que se calcula existen en el país, pues a decir de Bolfy Cottom, antropólogo e investigador en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, la nación en su totalidad es una “gran zona arqueológica”.
La riqueza histórica, artística, arqueológica y paleontológica de México, aunada a la negligencia de las autoridades e instituciones y la impunidad generada por esta situación, ha hecho del país un territorio asediado por los saqueadores.
Pinturas, esculturas, vasijas, fósiles, cerámica, metales, documentos, sellos, figurillas, instrumentos, ornamentos de oro, plata, cobre, caracoles, huesos y dientes; u ornamentos, como máscaras, pectorales, colgantes, orejeras, collares y cuentas talladas en jade y otras piedras verdes son algunos de los objetos que año con año son sacados del país y vendidos ilegalmente, sin que hasta ahora se castigue a los responsables.
Blanca Paredes, también arqueóloga y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, señala que este país es un gran atractivo para quienes lucran con los bienes culturales. Atribuye este hecho a la falta de presupuesto asignado a las zonas que reciben visitas del público; y respecto de las que no están abiertas, a la carencia de recursos para la investigación de las zonas, para los planes de manejo y las actividades encaminadas a su protección y difusión.
Según estimaciones del gobierno de Argentina, el tráfico ilícito de bienes culturales ocupa el tercer sitio en el ranking mundial de los mercados ilegales, sólo después del tráfico de drogas y de armas.
En el marco de la campaña de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales que inició ese país latinoamericano en 2008, Diego Marquis, entonces director de Comunicación de la Secretaría de Cultura de Argentina, aseguró que el delito genera 6 mil millones de dólares por año en el mundo. 
Daño a la nación De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos, el saqueo y la destrucción de los sitios arqueológicos y el robo de iglesias y museos, así como el tráfico ilícito, “causan un daño irreparable a la identidad de cada uno de los países y representa una grave pérdida al patrimonio cultural de la humanidad”.
El organismo internacional publicó en 2009 la Lista roja de bienes culturales en peligro de Centroamérica y México, además de las listas rojas para los objetos arqueológicos africanos, las antigüedades afganas, peruanas y camboyanas, y las antigüedades iraquíes, a las que les asignó el carácter de urgente.
La Lista roja de bienes culturales en peligro Centroamérica y México, séptima emitida por el Consejo Internacional de Museos, establece que el patrimonio cultural de este país y de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, producidos por diferentes sociedades de las épocas prehispánica, colonial y republicana, constituyen la memoria histórica de estas naciones.
En los últimos 20 años, agrega el escrito, se ha detectado un incremento en el interés por antigüedades en el mercado internacional. Demanda que, en consecuencia, ha incentivado las excavaciones clandestinas en sitios arqueológicos, así como el aumento de los robos en iglesias y museos.
El tráfico ilícito de bienes culturales es un delito trasnacional. A decir de la Interpol, el fenómeno es alentado por la demanda de los mercados de arte, la apertura de las fronteras, la mejora de los sistemas de transporte y la inestabilidad política de los países. 
Aunque la legislación nacional e internacional protege la riqueza cultural de México y prohíbe de manera explícita su tráfico, exportación y venta, ésta es objeto de tráficos ilícitos y destrucción. El escaso número de investigaciones abiertas por estos delitos, la confusión en las cifras y la nula capacidad de las autoridades para dar con los responsables habla del desinterés del Estado por proteger y resguardar estos bienes.
Sobre el tema, Paz Gutiérrez Cortina, diputada federal e integrante de la Comisión de Cultura, asegura que la conservación del patrimonio nacional ha sido una de sus prioridades. Según la servidora pública, se han aprobado muchos miles de millones de pesos para restauración de sitios arqueológicos, de monumentos coloniales, para la instalación de nuevos museos y se han aumentado las sanciones para quienes violan la ley federal en la materia.
No obstante, los esfuerzos han sido vanos. La creciente demanda y el alto número de zonas a resguardar sobrepasan al propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, como lo señala Blanca Paredes.
Según la arqueóloga, en el Registro se monitorean los portales para detectar la venta ilegal de piezas y así poder interponer ante la Procuraduría General de la República las denuncias correspondientes. Sin embargo, esta tarea no forma parte de sus actividades principales, por lo que de manera esporádica localizan las tiendas virtuales y presentan las denuncias.
El déficit de investigadores es para la académica Paredes, además de la falta de presupuesto, uno de los principales problemas del Instituto Nacional de Antropología.
Para la realización de este trabajo se solicitó la versión de la Procuraduría General de la República, a través de José Luis Manjarrés y Alberto Islas, director y subdirector de Información, respectivamente. Al cierre de edición, Islas informó a este semanario que la dependencia aún no asignaba a quien pudiera ofrecer una entrevista y expresó su preocupación por la importancia del tema y la falta de respuesta.
Contralínea también solicitó la postura del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se le hizo llegar la petición formal a Paloma Sáenz, directora de Medios de la institución. Cecil Silva Díaz, asistente de Atención a Medios, dijo que la solicitud continuaba en trámite debido a la dificultad de encontrar a alguien que pudiera hablar al respecto, y que se estaba en el análisis de la información. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta. 
Shoteby’s, involucrada en venta ilegal de pieza camboyana
Sotheby’s, que habría sido identificada como una de las casas de subastas que oferta bienes nacionales mexicanos en internet– se vio envuelta en 2011 en una querella judicial, debido a una estatua milenaria valorada en 3 millones de dólares que pretendía subastar el 24 de marzo de ese año, y que el gobierno de Estados Unidos afirma fue saqueada de un templo camboyano.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, fiscales de Estados Unidos presentaron en abril del año pasado una demanda para solicitar a Sotheby’s que entregue la estatua. Según la firma, la pieza pertenece a un coleccionista privado que la compró en Londres en 1975. Tallada en piedra arenisca, de un metro y medio de altura y con un elaborado tocado, la pieza que data del siglo X representa a un guerrero mitológico.
Conocida como Duryodhana, la estatua fue robada del templo Prasat Chen en Koh Ker, Camboya, entre las décadas de 1960 y 1970, dijo el fiscal de Nueva York Preet Bharara en un comunicado.
En marzo de 2011, el gobierno camboyano pidió a Sotheby’s que retirara la estatua. La firma indicó a través de un boletín de prensa que “la escultura fue importada legalmente a Estados Unidos y todos los hechos relevantes fueron declarados abiertamente”.
FUENTE: CONTRALINEA
Las figuras, objetos o documentos que los traficantes obtienen de los sitios arqueológicos mexicanos y de las iglesias y museos se ofertan por internet. Mercado Libre, Binoche Renaud Giquello, eBay y Sotheby’s son algunas de las casas de subastas que ofrecen bienes culturales en sus catálogos, sin que quede claro el origen legal de las piezas, pues en México todas se consideran patrimonio de la nación.
Además del tráfico ilegal de bienes culturales, el patrimonio es afectado por demoliciones; maquinaria pesada; proyectos carreteros, habitacionales y petroleros; daño a petrograbados; pintas, trabajos sin autorización o trabajos fallidos de restauración; incendios e inundaciones, revela la información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publicada por Contralínea (edición 283 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/05/06/destruccion-robo-del-patrimonio-arqueologico-nacional/).
Pese al elevado número de incidentes (de los cuales al menos 722 –que involucran 4 mil 235 piezas muebles y 106 inmuebles dañadas– han sido formalmente denunciados), la Procuraduría General de la República (PGR) inició únicamente 181 averiguaciones previas por violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, durante casi 12 años de gestiones panistas.
De acuerdo con el órgano judicial, de las 181 investigaciones, 96 se iniciaron por denuncias del INAH y una por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), mientras que 84 se derivaron de denuncias hechas por particulares.
Sin especificar el delito, la PGR refiere que del total de denuncias iniciadas por el Instituto de Antropología, nueve están relacionadas con arte sacro, dos con documentos históricos, tres con inmuebles históricos, 10 con monumentos, seis con zonas arqueológicas, cuatro “desconocidas” y 63 con piezas arqueológicas.
No obstante, la cifra representa apenas el 37 por ciento de las 481 indagatorias que el Instituto Nacional de Antropología e Historia asegura que se abrieron durante el mismo periodo en la Procuraduría por violaciones a la ley.
Información obtenida por Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental demuestra que las más de 400 averiguaciones que el INAH afirma que se iniciaron involucran 4 mil 235 piezas muebles y 106 inmuebles dañados.
Para Blanca Paredes, de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas de ese Instituto, la diferencia numérica del 220 por ciento entre el número de averiguaciones previas que el INAH asegura están abiertas en la Procuraduría y las que refiere la PGR persigue, es resultado de la falta de comunicación entre las dos instituciones “corresponsables” y de la falta de control.
Sin detenidos
Aunque la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo manifestó que 57 personas fueron “sancionadas” por robo o daño de piezas históricas de 2002 a 2011, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales asegura en su respuesta para este semanario que en 12 años –periodo en el que han gobernado los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón– ninguna persona ha sido consignada o sancionada.
México, asolado por los saqueadores
Más de 40 mil sitios son apenas una pequeña parte de la cantidad de zonas que se calcula existen en el país, pues a decir de Bolfy Cottom, antropólogo e investigador en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, la nación en su totalidad es una “gran zona arqueológica”.
La riqueza histórica, artística, arqueológica y paleontológica de México, aunada a la negligencia de las autoridades e instituciones y la impunidad generada por esta situación, ha hecho del país un territorio asediado por los saqueadores.
Pinturas, esculturas, vasijas, fósiles, cerámica, metales, documentos, sellos, figurillas, instrumentos, ornamentos de oro, plata, cobre, caracoles, huesos y dientes; u ornamentos, como máscaras, pectorales, colgantes, orejeras, collares y cuentas talladas en jade y otras piedras verdes son algunos de los objetos que año con año son sacados del país y vendidos ilegalmente, sin que hasta ahora se castigue a los responsables.
Blanca Paredes, también arqueóloga y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, señala que este país es un gran atractivo para quienes lucran con los bienes culturales. Atribuye este hecho a la falta de presupuesto asignado a las zonas que reciben visitas del público; y respecto de las que no están abiertas, a la carencia de recursos para la investigación de las zonas, para los planes de manejo y las actividades encaminadas a su protección y difusión.
Según estimaciones del gobierno de Argentina, el tráfico ilícito de bienes culturales ocupa el tercer sitio en el ranking mundial de los mercados ilegales, sólo después del tráfico de drogas y de armas.
En el marco de la campaña de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales que inició ese país latinoamericano en 2008, Diego Marquis, entonces director de Comunicación de la Secretaría de Cultura de Argentina, aseguró que el delito genera 6 mil millones de dólares por año en el mundo.
El organismo internacional publicó en 2009 la Lista roja de bienes culturales en peligro de Centroamérica y México, además de las listas rojas para los objetos arqueológicos africanos, las antigüedades afganas, peruanas y camboyanas, y las antigüedades iraquíes, a las que les asignó el carácter de urgente.
La Lista roja de bienes culturales en peligro Centroamérica y México, séptima emitida por el Consejo Internacional de Museos, establece que el patrimonio cultural de este país y de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, producidos por diferentes sociedades de las épocas prehispánica, colonial y republicana, constituyen la memoria histórica de estas naciones.
En los últimos 20 años, agrega el escrito, se ha detectado un incremento en el interés por antigüedades en el mercado internacional. Demanda que, en consecuencia, ha incentivado las excavaciones clandestinas en sitios arqueológicos, así como el aumento de los robos en iglesias y museos.
El tráfico ilícito de bienes culturales es un delito trasnacional. A decir de la Interpol, el fenómeno es alentado por la demanda de los mercados de arte, la apertura de las fronteras, la mejora de los sistemas de transporte y la inestabilidad política de los países.
Legislación insuficiente
Sobre el tema, Paz Gutiérrez Cortina, diputada federal e integrante de la Comisión de Cultura, asegura que la conservación del patrimonio nacional ha sido una de sus prioridades. Según la servidora pública, se han aprobado muchos miles de millones de pesos para restauración de sitios arqueológicos, de monumentos coloniales, para la instalación de nuevos museos y se han aumentado las sanciones para quienes violan la ley federal en la materia.
No obstante, los esfuerzos han sido vanos. La creciente demanda y el alto número de zonas a resguardar sobrepasan al propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, como lo señala Blanca Paredes.
Según la arqueóloga, en el Registro se monitorean los portales para detectar la venta ilegal de piezas y así poder interponer ante la Procuraduría General de la República las denuncias correspondientes. Sin embargo, esta tarea no forma parte de sus actividades principales, por lo que de manera esporádica localizan las tiendas virtuales y presentan las denuncias.
El déficit de investigadores es para la académica Paredes, además de la falta de presupuesto, uno de los principales problemas del Instituto Nacional de Antropología.
Para la realización de este trabajo se solicitó la versión de la Procuraduría General de la República, a través de José Luis Manjarrés y Alberto Islas, director y subdirector de Información, respectivamente. Al cierre de edición, Islas informó a este semanario que la dependencia aún no asignaba a quien pudiera ofrecer una entrevista y expresó su preocupación por la importancia del tema y la falta de respuesta.
Contralínea también solicitó la postura del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se le hizo llegar la petición formal a Paloma Sáenz, directora de Medios de la institución. Cecil Silva Díaz, asistente de Atención a Medios, dijo que la solicitud continuaba en trámite debido a la dificultad de encontrar a alguien que pudiera hablar al respecto, y que se estaba en el análisis de la información. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
De 2000 a la fecha, ni una sola persona ha sido sancionada o consignada ante la autoridad judicial por robo y daño del patrimonio nacional: PGR
Sotheby’s, que habría sido identificada como una de las casas de subastas que oferta bienes nacionales mexicanos en internet– se vio envuelta en 2011 en una querella judicial, debido a una estatua milenaria valorada en 3 millones de dólares que pretendía subastar el 24 de marzo de ese año, y que el gobierno de Estados Unidos afirma fue saqueada de un templo camboyano.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, fiscales de Estados Unidos presentaron en abril del año pasado una demanda para solicitar a Sotheby’s que entregue la estatua. Según la firma, la pieza pertenece a un coleccionista privado que la compró en Londres en 1975. Tallada en piedra arenisca, de un metro y medio de altura y con un elaborado tocado, la pieza que data del siglo X representa a un guerrero mitológico.
Conocida como Duryodhana, la estatua fue robada del templo Prasat Chen en Koh Ker, Camboya, entre las décadas de 1960 y 1970, dijo el fiscal de Nueva York Preet Bharara en un comunicado.
En marzo de 2011, el gobierno camboyano pidió a Sotheby’s que retirara la estatua. La firma indicó a través de un boletín de prensa que “la escultura fue importada legalmente a Estados Unidos y todos los hechos relevantes fueron declarados abiertamente”.
FUENTE: CONTRALINEA
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